Pues bien, ambos son, en mi opinión, característicos exponentes de la realidad de nuestro país: Por un lado, un importante grupo de privilegiados, compuesto por políticos, funcionarios, sindicalistas liberados, etc. que viven por encima de la media y soportan aceptablemente la crisis. Por otro, un grupo quizá más numeroso que el anterior, compuesto por inmigrantes, parados de larga duración, marginales, modestos autónomos y, en general, personas socialmente excluidas, muchas de ellas abocadas a ser socorridas por la solidaridad y la beneficiencia de la Iglesia católica y, en especial, por sus organizaciones de Cáritas parroquial y diocesana.

Las 68 Cáritas diocesanas que existen en el país y que agrupan a más de 5.500 Cáritas parroquiales, con más de 60.000 voluntarios, son las organizaciones más eficientes en cuanto a la prestación de ayuda y sustento a los necesitados. La demanda de atención que en estos momentos están recibiendo desborda sus posibilidades. Cáritas necesita recursos para desarrollar su vocación y cumplir sus fines.

Sólo el 1 % de los ingresos que perciben el conjunto de privilegiados perceptores de una nómina abonada con nuestros impuestos supondría un importante salto cualitativo y la posibilidad de atención a un número mucho mayor de necesitados.

Ya sé que resulta muy difícil conseguir un alto nivel de solidaridad, pero es preciso que alguien lo intente y los ejemplos suelen ser determinantes. Por eso invito a los 315 alcaldes de Galicia a que ingresen en Cáritas el 1% de sus percepciones municipales. Siempre es posible que ese gesto sea imitado por mucha más gente.

A este último (al IVA) quiero referirme, ya que su peculiar forma de recaudación y reparto puede llegar a condicionar los hábitos de consumo del ciudadano mínimamente concienciado y solidario. Me explico (o lo intento): a mí, como ciudadano gallego y español, no me resulta indiferente realizar la compra en un establecimiento Eroski, en un Mercadona o en un Gadis.  En el primer caso, el IVA que estoy pagando al comprar, se recauda e ingresa directamente en la Hacienda del País Vasco; en el caso de Mercadona, aunque el IVA sea recaudado por el Estado, si llega a cumplirse lo establecido en el nuevo Estatut, es decir, la transferencia a Cataluña del 100 % del IVA, la totalidad del impuesto que estoy pagando en Galicia redundará únicamente en beneficio de los residentes en Cataluña.

Solamente tengo garantías de que el IVA que pago al hacer la compra es aplicado por el Estado con los criterios de solidaridad establecidos, sin tranferencia de riqueza a otras comunidades, cuando realizo mi compra en un establecimiento de un grupo radicado en Galicia, como puede ser un Gadis. Si esto es así como digo (ya me gustaría que alguien, por ejemplo el candidato Pérez Touriño me demostrase que es incierto lo que afirmo) cobra un especial protagonismo ese afortunado eslogan publicitario que ha desplegado precisamente el Grupo de Tojeiro, es decir, la cadena Gadis: «Vivamos como galegos». Yo lo completaría con «?»y compremos como galegos».

Encuentro, pues, desde mi residencia en Galicia, una notabilísima diferencia entre comprar un automóvil Seat, fabricado en Barcelona, y adquirir un Citroën, fabricado en Vigo. Mientras que en el primer caso el IVA es transferido en su totalidad a Cataluña, en el segundo caso pasa a integrar el fondo recaudatorio estatal y su aplicación seguirá las pautas de solidaridad establecidas en cada momento para el conjunto de las autonomías.

La noticia de que «Cataluña condiciona al Estatut su pacto sobre financiación» resulta, cuando menos, inquietante para mi conciencia de ciudadano gallego y español, que nunca había querido entender una pretendida catalanofobia. Pero si esta noticia la añadimos a la que ayer recogía otro medio, referida a la exigencia de la Generalitat de que el Ministerio de Industria aporte 407 millones de euros para inyectar al sector del automóvil catalán, comienzo no solo a entender, sino, incluso, a compartir los sentimientos contrarios a todo lo que provenga de aquella tierra.

Antes de tomar en firme la decisión de abstenerme de consumir todo producto que provenga de Cataluña, celebraría que alguien con autoridad intelectual y académica certifique que la cesión del 100% del IVA a Cataluña no supone una descarada transferencia de riqueza a esta comunidad desde el resto de territorios españoles.

Todo parece indicar que ZP llegó a este feliz descubrimiento hace ya algunos días, cuando se celebró el debate sobre el estado de la Nación. De ahí su irreprimible arranque de ofrecer 2.500 euros por cada futuro votante del PSOE. Y es que, pensándolo bien, se trata de una magnífica inversión a largo plazo, (especialmente por ser realizada con fondos de los contribuyentes), pero cuyo retorno puede revertir en su partido a un plazo de 18 años (mucho menos plazo que el de una hipoteca).Para que luego sus detractores vayan diciendo que no tiene visión de país, que sus objetivos son a corto plazo…

Un españolito nacido en familia socialista (aunque sea reconvertida por la subvención), mamando Educación para la Ciudadanía, será imposible que vote otra opción distinta a la del PS (para entonces ya habrán caído la O de obrero y la E de español).

Pero todavía quedan más descubrimientos para epatar al auditorio.Tengo la seguridad de que en los próximos meses el Presidente Rodríguez descubrirá que los más de 80.000 abortos que cada año se practican en España, vienen a ser un despilfarro que el país no se puede permitir. Y hará otra oferta sensacional: Garantizar, mediante un certificado emitido por el Tesoro, a las madres que no aborten, que su hijo tendrá un puesto fijo de funcionario con sueldo superior a 1.000 euros.

Alguien lo duda?. Pues no me sean incrédulos... Seguramente a muchos nos parecería un magnifico descubrimiento y el mejor destino de los impuestos que pagamos.